Abuso en el camping: Juicio por jurados y el caso Lucía Pérez


Durante una nueva audiencia previa al debate previsto para el año próximo, los acusados pidieron que se les permita analizar pruebas del comportamiento social de la víctima. La fiscalía y el abogado de la joven rechazaron esa postura, basándose en el fallo de Casación sobre el polémico caso ocurrido en 2016. Define el juez.

Los tres acusados por el abuso sexual de la adolescente ocurrido en el camping El Durazno de Miramar, durante la madrugada del 1 de enero de 2019, pidieron al Tribunal Oral Nº 3 que en el marco del juicio por jurados previsto para el próximo año se les permita presentar y analizar pruebas del comportamiento social de la víctima.

 

La solicitud fue realizada por uno de los tres abogados que representan a los imputados, mientras que los otros dos requirieron que la adolescente -que al momento del hecho tenía 14 años y ahora ya cumplió 16- sea sometida a una pericia psiquiátrica.

 

Los recursos exhibidos ante Fabián Riquert, miembro del mencionado tribunal y juez que estará a cargo el debate por jurados en 2021, fueron rechazados por los fiscales María Florencia Salas y Guillermo Nicora, y por el abogado de la familia de la joven, Maximiliano Orsini. Ambos citaron como precedente jurídico para argumentar su negativa el fallo del Tribunal de Casación bonaerense respecto del caso Lucía Pérez.

 

Se trata de la sentencia conocida en agosto pasado en la cual las autoridades judiciales anularon la absolución de los dos acusados de femicidio por el polémico hecho ocurrido en octubre de 2016 y ordenaron la realización de un nuevo juicio. En su fallo, cuestionaron fuertemente la visión que los magistrados de primera instancia tuvieron respecto de los comportamientos sociales y la experiencia sexual previa de la víctima, y aconsejaron que se lleve a cabo un nuevo debate desde una perspectiva de género como la que demanda la sociedad actualmente.

 

Basándose en esa postura fue que los fiscales Salas y Nicora, y el letrado Orsini, rechazaron la presentación realizada por uno de los abogados de Tomás Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba, en relación a la conducta de la víctima y dejaron en claro que quienes deben ser investigados son los acusados y no la víctima, y que el único hecho que debe ser examinado es el ocurrido el 1 de enero de 2019 en el camping El Durazno.

 

Sin embargo, la defensa insistió en que se efectúe un estudio socioambiental del contexto en el que viven la víctima y su bebé (fue madre este año), y que los resultados del mismo puedan ser analizados en el juicio.

 

Tras la audiencia, el juez Riquert manifestó que definirá sobre esta cuestión próximamente, pero aún no se ha expedido.

 

Según pudo saber LA CAPITAL tras consultar distintas fuentes, los defensores también solicitaron que antes del debate se presente un informe sobre la Cámara Gesell realizada durante la etapa de instrucción, pero como la adolescente volvería a declarar en el juicio oral por decisión propia -conforme lo aseguró Orsini- esa diligencia quedaría sin efecto.

 

Por otra parte, y como lo habían solicitado Jaime, Pitman y Villalba -a través de sus abogados Martín Bernat, Noelia Agüero y Marcelo Jiménez- ya quedó confirmado que el debate se realizará ante un jurado popular, pese a la negativa del particular damnificado. En ese contexto, cabe destacar que las partes acordaron la presencia de poco más de 20 testigos en la sala, siempre y cuando retorne a la normalidad la actividad presencial en Tribunales (suspendida en marzo pasado y luego modificada bajo nuevos protocolos, como consecuencia de la pandemia del coronavirus).

 


La audiencia realizada días atrás se extendió por más de dos horas y estuvo enmarcada en un hermetismo ordenado por el juez interviniente, quien pidió resguardar al máximo los datos y las pruebas surgidas de la causa debido a que la víctima es una menor.

 

El hechEl hecho investigado ocurrió en horas de la madrugada del 1 de enero de 2019, durante los festejos de Año Nuevo. La adolescente había ido junto a su familia al camping El Durazno, ubicado sobre la ruta 11, al igual que cinco jóvenes marplatenses, que se movilizaban en una camioneta marca Renault Traffic.

 

En medio de los festejos, los jóvenes tomaron contacto por primera vez con la menor, a la que no conocían. De acuerdo a la denuncia de los padres de la adolescente, entre las 2 de la mañana y las 6 notaron que su hija no regresaba al lugar donde ellos se encontraban. Entonces se inició una búsqueda por el ya amanecido camping, sector por sector hasta llegar a una carpa azul ubicada junto a la Traffic.

 

Dentro de la carpa estaba la menor, dormida, acompañada de más de un joven. No trascendió entonces cuántos eran. Desde las primeras horas los cinco amigos quedaron detenidos, pero semanas más tarde, con el arribo de los estudios de ADN (y el relato de los imputados), dos de ellos quedaron en libertad.

 

La ciencia forense determinó que había semen de Pitman en el cuerpo o en las prendas de la menor, quien a su vez reconoció a Villalba como otro de los que había tenido acciones sexuales con ella. Respecto a Jaime, fue él mismo el que admitió -como Pitman- que había participado pero que no en forma de una agresión sexual. “Hubo consentimiento”, señalaron.

 

El 22 de enero siguiente, al vencerse el plazo para solicitar la prisión preventiva de los imputados, la Justicia decidió que los dos jóvenes que se comprobó que no estaba incriminados recuperasen la libertad. En tanto, tres meses después concedieron el arresto domiciliario a Jaime, Pitman y Villalba, quienes actualmente permanecen en esa condición y sólo gozan de salidas laborales.

LA CAPITAL

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