Complicado para conseguir quórum y con la mayoría de los bloques opositores en contra del proyecto de ley, el Frente de Todos comienza a desandar el camino para lograr pequeños acuerdos que le permitan convertirla en ley.
La reforma judicial es la nueva batalla política que está
dando el kirchnerismo. Con diferencias internas, con estrategias distintas en
las dos cámaras del Congreso, pero con la convicción clara de avanzar con el
proyecto de ley que el presidente Alberto Fernández le envió al Poder
Legislativo hace un mes. Una batalla política que le valió un nuevo
enfrentamiento con el partido más grande de la oposición en el medio de la
gestión de la pandemia, justo cuando el pico de contagios de coronavirus
finalmente llegó.
El proyecto recibió en las últimas horas media sanción en la
Cámara de Senadores. El Frente de Todos, que tiene mayoría en el recinto, la
aprobó sin contratiempos y luego de varias horas en las que la tensión fue en
aumento. Cristina Kirchner hizo valer su poder y alineó a todos los
legisladores peronistas para acompañar la iniciativa. Justo dos días después de
asegurar que el proyecto que se trataría no sería la “verdadera reforma
judicial que necesita el país”.
El próximo paso será debatirla en Diputados. Y ahí entrará
en juego la muñeca del presidente de la Cámara, Sergio Massa y del presidente
del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Un tándem que tiene un sistema
aceitado de gestión luego de pocos meses de trabajar en conjunto. Una dupla que
por lo bajo, sin hacer demasiado ruido, negocia acuerdos con el peronismo
disidente cuando las negociaciones se tensan por falta de consenso.
La reforma judicial será un nuevo desafío para ambos. Juntos por el Cambio no va a acompañar el proyecto tal cual está y como se aprobó anoche. Tampoco lo hará el interbloque Federal, que conduce Eduardo “Bali” Bucca y que cuenta con el padrinazgo de Roberto Lavagna y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. En el interbloque que lidera el mendocino José Luis Ramón hay dos legisladores que tienen decidido no acompañar. En la Izquierda, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño adelantaron que tampoco respaldarán el proyecto. Con ese cuadro de situación los números se complicaron.
En el quórum reside el primer escollo que deben saltar en el Frente de Todos. Son 119 legisladores. Pero uno de ellos, José Ignacio De Mendiguren, está de licencia porque es parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En caso de ser necesario le pedirían que vuelva. Sería una jugada desprolija. Pero una última opción a tener en cuenta si se deciden avanzar con el tratamiento de la ley y los votos no están.
Sin De Mendiguren, el oficialismo tiene 118 bancas. Necesitan 11 más para poder habilitar la sesión. En general, lo suelen hacer con el acompañamiento del interbloque Unidad Federal, en el que hay 8 legisladores, los dos de la Izquierda, el interbloque donde conviven cordobeses, socialistas, lavagnistas y peronistas disidentes, que en total suman 11 bancas, y algunos mono bloque. Pero en esta oportunidad la situación será diferente.
El presidente del interbloque Federal, Eduardo "Bali" Bucca
La negociación para lograr habilitar la futura sesión que
trate el proyecto de reforma judicial será extremadamente ajustada. Al día de
hoy los 11 legisladores del interbloque Federal no bajarán al recinto. Tampoco
lo hará Romina Del Plá, mientras que Del Caño, quien ya adelantó su rechazo,
aún evalúa si prestar o no su banca para el quórum. En el interbloque Unidad
Federal hay dos legisladores que no acompañarán la reforma y tampoco se
sentarán. Son Antonio Carambia y Beatríz Ávila. Entonces, de ese espacio, el
oficialismo puede contar solo con 6 legisladores.
Los 118 del Frente de Todos más los 6 del interbloque de
Unidad Federal son 124. Los cinco restantes aún no están seguros. Intentarán
convencer a Del Caño y llegar a 125. Después buscar a cuatro legisladores que
están sueltos y podrían concretar el quórum. Allí surgen los nombres de la
neuquina Alma Sapag y del rionegrino Luis Di Giacomo. Si ambos acompañarán
llegarían a 127. Los números son finos. Muy finos.
Si pudieran asegurarse el quórum, el paso siguiente será
buscar el acuerdo de un sector de la oposición para aprobar la ley, donde
necesitarían la mitad más uno, ya que Juntos por el Cambio, una vez habilitada
la sesión, bajaría al recinto para discutirla. Es en ese punto donde el
oficialismo sabe que la cuenta no le da. No están los votos suficientes para
lograr la aprobación. La única forma de hacerlo es negociar modificaciones,
discutir punto por punto el proyecto y buscar consenso. Al menos con los
interbloques que suelen arbitrar las discusiones en la Cámara baja, que son los
de Bucca y Ramón.
Esa negociación implicaría estirar la discusión hacia
adelante y tratar de limar asperezas. La situación parece por de más de
compleja. Una voz de lavagnismo expone esa dificultad en dos oraciones: “Lo que
mejor puede hacer el Gobierno es dar vuelta la página. Hay que cambiar las
condiciones contextuales. Cosas que no tienen que ver con los artículos del
proyecto”.
El interbloque que conduce José Luis Ramón apoyará, en su mayoría, la reforma Judicial (@JoseLuisRamonOk)
¿Cuál es el factor contextual? Las formas. Entienden que la
reforma judicial no es un trámite que se saca rápido. No les gustó la avanzada
del Frente de Todos para discutirlo y aprobarlo en pocos meses. Además,
advierten que el proyecto ya salió del Senado sin consenso, luego de que se
tratará con un dictamen que no fue aprobado por la oposición. La importancia de
la ley merece un consenso amplio, de todas las fuerzas. Esa es la idea que
tienen y que los llevó marcar su disidencia con la posibilidad de discutir el
proyecto. Esa idea identifica a todo el interbloque Federal.
Los más negociadores dentro de ese espacio legislativo
consideran que el mejor camino que puede seguir el Gobierno es estirar la
negociación, debatirla en profundidad y tratar la reforma sobre fin de año,
después de recorrer un camino que le permita lograr algunas modificaciones en
el texto. Barajar y dar de nuevo. Luego, discutir punto por punto con más
tiempo.
En Juntos por el Cambio la posición es muy rígida. Ninguno
de los 116 legisladores va a dar quórum ni a acompañar el proyecto. Consideran
que el oficialismo debe retirarlo y volver a empezar una negociación de
consenso real. Para ellos no es una opción la modificación de artículos en la
Cámara baja porque en esta oportunidad Diputados es una cámara revisora, lo que
implica que el proyecto, al volver al Senado, corre el riesgo de ser aprobado
tal cual estaba al principio y sin que el oficialismo convalide los cambios.
Juntos por el Cambio no está dispuesto a dar quórum ni a votar la ley (Gustavo Gavotti)
El discurso que bajan en el oficialismo dentro de Diputados
es que no quieren apurar el tratamiento del proyecto. Que debe debatirse con
tranquilidad en las comisiones y que se debe trabajar en los acuerdos
parlamentarios. Una señal de que piensan llevar adelante la rosca legislativa
de una forma diferente a la que tiene el Senado, donde no hay negociación y el
vinculo entre las partes es friccionado. Advierten que los números no están.
El escenario a futuro está cargado de incertidumbre. ¿Será
tratado el proyecto en Diputados? ¿El oficialismo apretará el acelerador e
intentará aprobarlo con pequeños consensos que le permitan lograr la mayoría en
el momento de la votación? ¿La negociación parlamentaria se estirará en el
tiempo para poder gestionar acuerdos? ¿El presidente Alberto Fernández entrará
en acción para gestionar él mismo los acuerdos que hagan falta?
INFOBAE
No hay comentarios :
Publicar un comentario