Piden elevar a juicio la causa por el asesinato de Lucas Verón

MOVILIZACIÓN A UN MES DEL HECHO

Piden elevar a juicio la causa por el asesinato de Lucas Verón

A un mes del asesinato de Lucas Verón de 18 años, familiares y amigas y amigos marcharon reclamando justicia. La Fiscalía temática de homicidios de La Matanza requirió la elevación a juicio de la causa y la prisión preventiva de los agentes de la Policía de Buenos Aires Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, imputados como coautores del homicidio agravado de Lucas y en tentativa de su amigo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que representa a la familia Verón y al joven que sobrevivió al ataque, se reunió con la Fiscal General y fiscales intervinientes. En compañía de familiares y representantes de HIJOS La Matanza, se destacó la celeridad de esta instrucción y se reclamaron medidas urgentes para avanzar en el expediente que investiga el encubrimiento por parte de funcionarios policiales y judiciales, entre ellos el fiscal Juan Pablo Tahtagian. La CPM pide que ambos tramos de la causa se unifiquen para llegar a un único juicio y garantizar el abordaje integral del hecho, evitando la revictimización de la familia. Por otro lado, en un hecho aún no esclarecido, uno de los testigos importante de la causa fue detenido de manera extraña por la policía bonaerense.


Graciela y Cristian, mamá y papá de Lucas Verón

La causa por el asesinato de Lucas Verón se dividió en dos expedientes que, a lo largo de este mes de instrucción, tuvieron un desarrollo dispar: la parte central, que investiga el ataque policial y tramita en la Fiscalía Temática de Homicidios, está pronto a elevarse a juicio. En cambio, la investigación sobre las responsabilidades de funcionarios policiales y judiciales en las maniobras de encubrimiento posteriores al hecho no tuvo mayores avances.

En los últimos días, los fiscales Claudio Fornaro y Marcos Borghi solicitaron la elevación a juicio y la prisión preventiva de los agentes de la Policía de Buenos Aires —desafectados tras el hecho— Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, imputados como coautores del homicidio agravado por ser funcionarios policiales y por el uso de arma de fuego de Lucas y en tentativa de su amigo Marcos. La titular del Juzgado de Garantías N 1 de La Matanza, Mary Castillo, debe decidir sobre esta requisitoria.

En su pedido, los titulares de la Fiscalía Temática de Homicidios destacaron la gran cantidad de pruebas que existen en el expediente y valoraron fundamentalmente, el testimonio de Marcos, sobreviviente del ataque policial. Además del testimonio del joven de 17 años, hay una decena de testigos que se presentaron a declarar y permitieron reconstruir la dinámica del hecho. El valor de las declaraciones, a su vez, fue revalidado por pruebas periciales, fotográficas y de cámaras de seguridad.

Al momento de reclamar la prisión preventiva, los fiscales tuvieron en cuenta la gravedad del delito y la actitud de los imputados que, tras el hecho, buscaron corporativamente ocultar la verdad.

En la madrugada del 10 de julio pasado, en el día de su 18º cumpleaños, Lucas Verón y su amigo Marcos iban en moto a comprar gaseosas a un quiosco del barrio Villa Scasso cuando comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán, con las luces y sirenas apagadas. Mientras los perseguían, los policías efectuaron disparos.

En un momento de la persecución, el patrullero los embistió por detrás, los jóvenes cayeron al suelo e intentaron alejarse corriendo; el agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ezequiel Benítez disparó al menos dos veces, una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Los policías huyeron del lugar sin dar aviso de los hechos.

Luego del ataque, funcionarios policiales intentaron desviar la investigación y ocultar lo que había pasado. Con el aval del fiscal Juan Pablo Tahtagian presente en la comisaría —que fue recusado y desplazado de la causa—, los mismos compañeros de fuerza de Benítez y Duarte  tomaron declaraciones testimoniales a testigos del crimen en sede policial. Allí  amenazaron a Marcos, que fue obligado a declarar que venían de robar, para justificar así la persecución policial. Todo sin la presencia de un defensor oficial o representante legal, ya que es menor de 18 años.  Tanto el joven como su tío fueron encerrados de manera ilegal en calabozos policiales, el adulto esposado durante varias horas mientras lo amenazaban para que su sobrino se autoincrimine.

 

 

 

El rápido avance del tramo central de la causa no guarda relación con la otra parte del expediente que tramita en la Ayudantía Fiscal de gravedad institucional, a cargo de Fernando Amador López y María Julia Panzonni. A un mes del hecho, la I.P.P que investiga las maniobras de encubrimiento y la irregular e ilegal intervención de funcionarios policiales y judiciales sólo tiene las constancias y copias certificadas de las actuaciones producidas en la causa central y dos declaraciones testimoniales en la sede de la fiscalía. 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a la familia de Lucas y a Marcos, presentó una nota ante la Fiscalía General de La Matanza y pidió que se tomen las medidas necesarias para revertir esta situación y avanzar con ambas causas de manera asociada. “La íntima vinculación entre el hecho principal y las acciones posteriores de otros funcionarios que tendían a ocultar la verdad de lo ocurrido genera la necesidad de realizar un abordaje integral de las investigaciones de modo tal que permitan contextualizar los hechos”, se sostiene en el escrito.

 

El pedido de avanzar conjuntamente con los dos expedientes no sólo se justifica en la necesidad de abordar de manera integral el hecho, sino que obedece también a un precepto jurídico que debe garantizarse en los casos de graves violaciones a los derechos humanos: el cuidado de las víctimas y la obligación de no exponerlos a una revictimización innecesaria durante la tramitación del proceso judicial.

Ayer, cuando se cumplió el primer mes del asesinato, más de 250 personas acompañaron a familiares, amigos y amigas de Lucas Verón que se movilizaron hacia la Fiscalía General de La Matanza para exigir justicia.

En esa oportunidad, la familia del joven y la CPM fueron recibidos por la fiscal general Patricia Ochoa, quien se comprometió a dotar de de recursos a la ayudantía fiscal de gravedad institucional para impulsar el expediente que tramita allí, en consonancia con lo avanzado en la causa por el homicidio de Lucas y la tentativa de homicidio de Marcos. Además, la comitiva se reunió con los fiscales que intervienen en cada uno de los expedientes.

Al mismo tiempo, la CPM reclamó que se inicie una investigación penal contra el fiscal Juan Pablo Tahtagian  por su participación en la trama de encubrimiento. Cabe recordar, como se señaló, que Tahtagian no sólo permitió sino que avaló que, en las horas posteriores al hecho e incumpliendo la Resolución 1390, se tomen las primeras declaraciones a testigos en sede policial. El fiscal estaba en la comisaría mientras Marcos era hostigado y amenazado para que declare auto-incriminándose y mientras familiares de los jóvenes eran amedrentados. Por esa participación, fue recusado y desplazado de la causa a las pocas horas; hasta el momento, esa actuación sólo estaba siendo investigada administrativamente.

Por otro lado un testigo importante para la causa, que aportó información valiosa para el esclarecimiento del hecho, fue detenido de manera poco clara cuando se dirigía de su casa al almacén de la esquina. Un patrullero, de la misma comisaría donde se montó el encubrimiento policial tras el asesinato de Lucas, se detuvo abruptamente, lo subieron y llevaron acusándolo de un robo que según su familia no cometió. La CPM interviene en el caso ocurrido hace pocos días. 

Por último, en la jornada de ayer, la Mesa de derechos humanos de La Matanza —que también participó de la jornada a un mes del asesinato de Lucas Verón— y la CPM pidieron a la Fiscalía General y al Procurador General la creación de una fiscalía especializada en violencia institucional, tal como lo establece la ley sancionada en 2015 y aún incumplida. Ante el aumento y la gravedad de los hechos de violencia estatal que vienen ocurriendo en los últimos meses, esta decisión postergada se hace cada vez más necesaria y urgente.

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