La reforma judicial que encara el Gobierno todavía no
comenzó a andar y ya tiene la primera crítica importante. Los integrantes de la
Cámara del Crimen manifestaron sus diferencias con el proyecto de Ley que el
gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso en el que se plantea la reforma
del fuero federal con la clara intención política de licuar el poder de los
jueces asentados en Comodoro Py. Y consideraron que es inconstitucional.
La Cámara del Crimen fijó posición en contra de la parte de
la reforma que toca el fuero donde se investigan los delitos comunes
(homicidios, robos, violaciones, etc) de la Capital. En ese sentido, fijó
posición en contra de la reforma mediante un Acuerdo General firmado a
distancia por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan
Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro
Antonio Divito, Ricardo Matias Pinto, Mariano A. Scotto, Ignacio Rodríguez
Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.
Los camaristas integran las salas que revisan los fallos de
los jueces de Instrucción que serán convocados para ocupar las 23 vacantes que
se propone abrir el Gobierno en el nuevo Fuero Penal Federal que fusionará el
fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico. Serán 46 juzgados y la mitad se llenará con
los jueces y juezas actuales y el resto con los magistrados de Instrucción que
decidan anotarse para subrogar. Y en la reforma se prevé el traspaso de las
competencias que tiene ese fuero a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Como así también el no llamado a concurso para llenar las vacantes, el paso
voluntario de jueces y juezas a la justicia de la Ciudad y la disolución de los
juzgados y tribunales que fueran quedando vacantes a medida que avanza la
reforma.
La primera de las críticas al proyecto es de característica
general . Los camaristas -que analizaron artículo por artículo el contenido del
proyecto de Ley, dijeron que “El fuero -computando también los tribunales
orales- registra actualmente setenta y cinco vacantes en sus juzgados y
vocalías, por lo que la ocupación de 23 juezas y jueces del fuero en las
mayores labores implicadas en la atención simultánea de sus Tribunales y de los
nuevos juzgados federales ha de resentir la administración de justicia. Esto
con el agravante de la naturaleza de los asuntos de nuestra competencia,
constituida por los hechos que en mayor medida afectan a los ciudadanos
comunes, en tanto víctimas de homicidios, lesiones, despojos, violencias
familiares, abusos sexuales, fraudes y criminalidad organizada en general, así
como la debida atención de los niños en conflicto con la ley penal y el
resguardo de las personas detenidas contra los abusos e indebidas penurias a
los que pudieran encontrarse expuestos”.
Otro de los cuestionamientos generales se refiere a la
situación de los empleados y funcionarios del fuero Criminal y Correccional de
la Capital. “El proyecto importa además el completo desguace y desmantelamiento
de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de
correr sus magistradas y magistrados (el art. 40 sólo se refiere a
funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados), que quedarán por completo
privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes,
lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas
las transferencias de las competencias (art 28)”. Y agregaron que “En el caso
de los funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas sólo se hace
referencia a que serán reubicados (art. 40, párrafo 2do), sin especificación
alguna relativa a su destino, ni siquiera si habrán de integrar los Juzgados y
Tribunales del fuero que no se encuentren vacantes o si serán transferidos a
los organismos del nuevo fuero federal, así como tampoco se ha contemplado
ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios”.
Los camaristas concluyeron que “Lo señalado en los puntos
anteriores traduce una afectación a la estabilidad en las condiciones del
empleo de funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas, como también
imprevisión respecto de las futuras funciones de juezas y jueces, aspectos que
requerirían un mayor grado de precisión en las normas de forma tal de evitar un
trato que pueda ser interpretado como lesivo de derechos laborales y
constitucionales”.
El plenario de la Cámara, presidido por el juez Seijas,
señaló que es inconstitucional el traslado de magistrados a la justicia local.
Dijeron que “...las únicas causales para el cese -además del cumplimiento de la
edad prevista constitucionalmente- de las juezas y los jueces de la Nación en
el cargo son su renuncia actual, expresa e incondicional, presentada al
Presidente de la Nación, o bien su remoción, previo enjuiciamiento, en caso de
comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. Carece de sostén
constitucional la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a
cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Las juezas y los jueces Nacionales no puedan ser transferidos a la órbita
local sin su consentimiento, pues la Corte se ha pronunciado acerca del
traspaso de las competencias locales. Sobre el punto corresponde aclarar que el
traspaso de las magistradas y los magistrados de la Justicia Nacional podría
generar reparos de índole constitucional, en la medida en que podría verse
afectado el principio de inamovilidad de los jueces”.
También consideraron que no es acorde a la Constitución y a
las Convenciones el hecho de dejar sin atribuciones al fuero de Instrucción. Lo
explicaron así: “ Análoga objeción...merece la pretensión de privar a los
tribunales de nuestro fuero de toda competencia y, consecuentemente, de
jurisdicción, con el alcance de una suspensión de hecho o una suerte de puesta
en comisión de las juezas y los jueces. Es indiferente que ello sea consumado a
plazo -por cierto cercano- en tanto el proyecto lo supone como resultado
inexorable, y no contiene recaudo alguno relativo a la continuidad de sus
funciones, como podría haber sido la asignación - eventualmente también
progresiva- del conocimiento en todas o parte de las materias de competencia
federal. Por ello, sería razonable y plausible una previsión en la normativa
proyectada para que una vez que acepte el convenio de transferencias la
legislatura de la CABA se les asigne competencia en asuntos de índole federal.
Como lo señalamos antes, ello supone tanto la afectación a las garantías
constitucionales de estabilidad e intangibilidad de la función judicial -que
son reaseguros de su imparcialidad-, como un trato desigual hacia el conjunto
de las juezas y los jueces afectados”.
Para los camaristas del Crimen no es legal el sistema de
subrogancias que establece el proyecto de Ley para ocupar los 23 cargos que se
crean en el nuevo Fuero Federal Penal. Al respecto los jueces señalaron que
“Por otra parte, las funciones de subrogancia que habrían de cumplir las juezas
y los jueces de nuestro fuero en los 23 nuevos juzgados concebidos en el
proyecto, en tanto tales tribunales no sean habilitados por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y no cuenten con sus titulares, designados previo
concurso, resultan contrarias a la previsión expresa del art. 14 de la Ley
27.439 que establece que “será nula, de nulidad absoluta, la designación de un
juez subrogante para desempeñar funciones en un juzgado o tribunal que no
hubiese contado previamente con magistrados titulares designados conforme al
procedimiento constitucional ordinario”. Asimismo, el sistema de selección
directa, independientemente de las mayorías que han de exigirse en el Consejo
de la Magistratura o de la previsión del acuerdo del Senado, se aparta de la
regla del sorteo (artículos 5to y 7mo), mecanismo fundamental de tal
ordenamiento”.
Y agregaron que “De la misma manera, la pretensión de
retrotraer las reglas consolidadas con la sanción de la Ley 27.439, importa
además la violación de los principios de progresividad y de no regresividad en
materia de Derechos Humanos y su tutela merced a la garantía de imparcialidad y
objetividad en la designación de las magistradas y los magistrados que deben
velar por su vigencia. Si un Estado ha reconocido un derecho, como la mayor
transparencia y garantía de imparcialidad en la designación de juezas o jueces
y tribunales, no puede más que ampliarlo, mas nunca puede retroceder
restringiéndolo. En esto consiste el principio de no regresividad contemplado
en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de Derechos Humanos
al establecer que toda regresividad es ilegítima...”
También consideraron “discrecional” y contrario a lo
establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que
los jueces subrogantes que pasen de Instrucción al Fuero Penal Federal, se
queden con los casos nuevos durante el primer año de funcionamiento del fuero
unificado, tal como lo establece el proyecto de Ley.
La Cámara del Crimen criticó al proyecto de reforma judicial
por carecer de información respecto al funcionamiento de los fueros
involucrados en la fusión. Y hablaron de ignorancia. En el Acuerdo señalaron
que “Tal ignorancia ha conducido, a su vez, a postular una reforma de las
jurisdicciones que la Nación ejerce en la Ciudad de Buenos Aires, que supone el
completo desguace de nuestro fuero, con la consecuente dilapidación de recursos
que semejante acto implica, en particular frente a las flaquezas que la
República enfrenta en su capacidad de atender los servicios más elementales al
ciudadano”.
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