El movimiento vegano Health Save Argentina, a través de su
filial en la ciudad misionera de Oberá, decidió donar la semana pasada una
serie de menús saludables a chicos de dos merenderos locales, sin sospechar que
luego de publicarlo en sus redes sociales recibiría una catarata de insultos
por parte de aquellos que defienden el consumo de carne y que consideran
negativo un menú de esas características para niños humildes con problemas
nutricionales.
La insólita disputa trascendió el escenario digital y como
respuesta a las meriendas veganas, el grupo de “carnívoros” inició una campaña
para reunir dinero y regalarles un asado a los chicos. La iniciativa fue un
éxito, recolectaron más de medio millón de pesos y los nenes pudieron darse un
festín de todo tipo de carnes.
Sin embargo, la viralización de la diputa no sólo generó una
marea solidaria sino que permitió también descubrir que detrás de todo se
escondía una historia oscura: ”Caritas Felices”, uno de los dos comedores
beneficiados con las iniciativas gastronómicas, es manejado por un hombre que
fue condenado por la Justicia tras abusar de cuatro chicas menores, dos de
ellas con cierto grado de discapacidad.
Se trata de Juan Alberto Batista (45), condenado el 27 de
noviembre de 2014, luego de un proceso abreviado, por el Tribunal Penal Uno de
Oberá a la pena de tres años de prisión en suspenso por el abuso sexual simple
de cuatro menores que estaban alojadas en el Hogar Mitaí, un lugar que alberga
menores judicializados que depende de la Municipalidad, según adelantó el
periódico El Territorio y confirmó Infobae con fuentes judiciales en la zona.
Esa denuncia fue radicada por una psicóloga que trabajaba allí. Tanto Batista
como su esposa, E.F., tenían a su cargo el lugar.
El condenado no debe someterse a ningún patronato de
liberados: el merendero no se encuentra registrado en el Estado.
El condenado no debe someterse a ningún patronato de
liberados: el merendero no se encuentra registrado en el Estado.
De acuerdo con la sentencia, confirmada a Infobae desde el
Tribunal, las víctimas tenían 5, 11, 17 y 18 años al momento en que la
psicóloga recurrió a la Justicia. Las dos mayores presentaban problemas en su
desarrollo madurativo y ya habían sido víctimas de maltrato familiar
previamente. Según se supo, las chicas contaron que el hombre les ofrecía
comida, las llevaba a la cocina, les daba de comer y allí las sometía a los
abusos. De acuerdo a la causa, las menores habían ingresaron al Mitaí entre
mayo de 2008 y diciembre de 2010, mientras que la pareja, por su parte, se
había hecho cargo del Hogar meses antes de la denuncia que disparó todo.
Las fuentes judiciales confirmaron también que por entonces,
además de admitir lo que había hecho y de arreglar un juicio abreviado, el
imputado había solicitado también la posibilidad de realizar tareas
comunitarias pero la Justicia desestimó el pedido. Lo cierto es que se pudo
determinar -luego de que la menor de las víctimas contara todo- que el imputado
las manoseó y las sometió a otros abusos, aunque la violación nunca se pudo
comprobar. Por eso, fue sentencia por el delito de abuso sexual simple calificado
por la guarda de hecho por los jueces Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y
Lilia Avendaño, quienes evaluaron el acuerdo al que había llegado la defensa,
las víctimas y la fiscal del caso, Estela Salguero de Alarcón.
Batista finalmente cumplió la pena y a partir de ese punto,
la Justicia perdió control sobre lo que hiciera de su vida, según aclararon las
fuentes judiciales, ya que su condena se había agotado y no debía someterse al
control de ningún patronato de liberados, lo que vale para cualquier abusador
que cumple su pena en la Argentina.
Hoy, a nueve años de la denuncia que derivó en una condena,
tiene a su cargo un comedor en el que van a comer niños en situación de
vulnerabilidad. De hecho, fue él quien preparó el asado del domingo organizado
por el grupo de “carnívoros”.
Infobae se comunicó con el secretario de Desarrollo Humano
de la Municipalidad de Oberá, Rafael Marques Da Silva, quien aclaró que el
merendero Caritas Felices no está registrado ni depende de la comuna. En ese
sentido, dijo que la regulación de este tipo de lugares no existe ni a nivel
local, ni provincial ni nacional. “Es un vacío legal que debe llenarse. Es una
discusión que hay que hacer porque no hay una ley que regule los merenderos, no
exige antecedentes de aquellos que quieran dedicarse a esta actividad”, dijo el
funcionario.
Sin embargo, aseguró que desde Acceso a la Justicia, que
depende del Poder Judicial de la provincia, van a solicitar la intervención de
la Defensoría del Niño para la redacción de un proyecto que permita evitar que
los agresores sexuales condenados vuelvan a tener contacto con menores.
“Caritas Felices” funciona desde mitad de 2019 y le da de
comer a unos 50 chicos. E.F. es la cara visible del lugar y en varias
entrevistas a medios locales dio detalles del funcionamiento del comedor. Según
dijo al diario Net Oberá, cuentan con ayuda de la municipalidad y la
colaboración de los vecinos. De hecho, sostuvo, tramita ante las autoridades la
posibilidad de agrandar el merendero. “Hoy no puedo ir y clausurar, por más que
haya una condena. No quiere decir no estén en peligro pero por el momento no es
más lo que se puede hacer”, agregó el funcionario”, concluyó Marques da Silva.
INFOBAE
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