DE NO CREER: El merendero de Oberá donde se realizó un asado solidario es manejado por un hombre condenado por abusar de menores discapacitadas

El comedor "Caritas Felices" funciona en la ciudad misionera. La semana pasada quedó en el medio de una discusión entre carnívoros y veganos que permitió conocer la oscura trama que se esconde detrás. El juicio abreviado donde el acusado pactó su culpa y el hueco en la ley.

El movimiento vegano Health Save Argentina, a través de su filial en la ciudad misionera de Oberá, decidió donar la semana pasada una serie de menús saludables a chicos de dos merenderos locales, sin sospechar que luego de publicarlo en sus redes sociales recibiría una catarata de insultos por parte de aquellos que defienden el consumo de carne y que consideran negativo un menú de esas características para niños humildes con problemas nutricionales.

 

La insólita disputa trascendió el escenario digital y como respuesta a las meriendas veganas, el grupo de “carnívoros” inició una campaña para reunir dinero y regalarles un asado a los chicos. La iniciativa fue un éxito, recolectaron más de medio millón de pesos y los nenes pudieron darse un festín de todo tipo de carnes.

 

Sin embargo, la viralización de la diputa no sólo generó una marea solidaria sino que permitió también descubrir que detrás de todo se escondía una historia oscura: ”Caritas Felices”, uno de los dos comedores beneficiados con las iniciativas gastronómicas, es manejado por un hombre que fue condenado por la Justicia tras abusar de cuatro chicas menores, dos de ellas con cierto grado de discapacidad.

 

Se trata de Juan Alberto Batista (45), condenado el 27 de noviembre de 2014, luego de un proceso abreviado, por el Tribunal Penal Uno de Oberá a la pena de tres años de prisión en suspenso por el abuso sexual simple de cuatro menores que estaban alojadas en el Hogar Mitaí, un lugar que alberga menores judicializados que depende de la Municipalidad, según adelantó el periódico El Territorio y confirmó Infobae con fuentes judiciales en la zona. Esa denuncia fue radicada por una psicóloga que trabajaba allí. Tanto Batista como su esposa, E.F., tenían a su cargo el lugar.

 

El condenado no debe someterse a ningún patronato de liberados: el merendero no se encuentra registrado en el Estado.

El condenado no debe someterse a ningún patronato de liberados: el merendero no se encuentra registrado en el Estado.

De acuerdo con la sentencia, confirmada a Infobae desde el Tribunal, las víctimas tenían 5, 11, 17 y 18 años al momento en que la psicóloga recurrió a la Justicia. Las dos mayores presentaban problemas en su desarrollo madurativo y ya habían sido víctimas de maltrato familiar previamente. Según se supo, las chicas contaron que el hombre les ofrecía comida, las llevaba a la cocina, les daba de comer y allí las sometía a los abusos. De acuerdo a la causa, las menores habían ingresaron al Mitaí entre mayo de 2008 y diciembre de 2010, mientras que la pareja, por su parte, se había hecho cargo del Hogar meses antes de la denuncia que disparó todo.

 

 

Las fuentes judiciales confirmaron también que por entonces, además de admitir lo que había hecho y de arreglar un juicio abreviado, el imputado había solicitado también la posibilidad de realizar tareas comunitarias pero la Justicia desestimó el pedido. Lo cierto es que se pudo determinar -luego de que la menor de las víctimas contara todo- que el imputado las manoseó y las sometió a otros abusos, aunque la violación nunca se pudo comprobar. Por eso, fue sentencia por el delito de abuso sexual simple calificado por la guarda de hecho por los jueces Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Lilia Avendaño, quienes evaluaron el acuerdo al que había llegado la defensa, las víctimas y la fiscal del caso, Estela Salguero de Alarcón.

 

Batista finalmente cumplió la pena y a partir de ese punto, la Justicia perdió control sobre lo que hiciera de su vida, según aclararon las fuentes judiciales, ya que su condena se había agotado y no debía someterse al control de ningún patronato de liberados, lo que vale para cualquier abusador que cumple su pena en la Argentina.

 

Hoy, a nueve años de la denuncia que derivó en una condena, tiene a su cargo un comedor en el que van a comer niños en situación de vulnerabilidad. De hecho, fue él quien preparó el asado del domingo organizado por el grupo de “carnívoros”.

 

Infobae se comunicó con el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Oberá, Rafael Marques Da Silva, quien aclaró que el merendero Caritas Felices no está registrado ni depende de la comuna. En ese sentido, dijo que la regulación de este tipo de lugares no existe ni a nivel local, ni provincial ni nacional. “Es un vacío legal que debe llenarse. Es una discusión que hay que hacer porque no hay una ley que regule los merenderos, no exige antecedentes de aquellos que quieran dedicarse a esta actividad”, dijo el funcionario.

 


Según explicó, “no sabía que este merendero estaba funcionando” e insistió “en que no depende del municipio”. Al respecto, puso como ejemplo países que cuentan con registros de agresores sexuales, quienes -dijo- no se pueden acercar a lugares donde haya chicos. ”Nos falta todo ese tipo de cuestiones. Tampoco podemos actuar sobre la presunción, pero sí podemos recomendar a los vecinos que no expongan a los chicos. Por ahora no tenemos otra herramienta, más que eso”, subrayó.

 

Sin embargo, aseguró que desde Acceso a la Justicia, que depende del Poder Judicial de la provincia, van a solicitar la intervención de la Defensoría del Niño para la redacción de un proyecto que permita evitar que los agresores sexuales condenados vuelvan a tener contacto con menores.

 

“Caritas Felices” funciona desde mitad de 2019 y le da de comer a unos 50 chicos. E.F. es la cara visible del lugar y en varias entrevistas a medios locales dio detalles del funcionamiento del comedor. Según dijo al diario Net Oberá, cuentan con ayuda de la municipalidad y la colaboración de los vecinos. De hecho, sostuvo, tramita ante las autoridades la posibilidad de agrandar el merendero. “Hoy no puedo ir y clausurar, por más que haya una condena. No quiere decir no estén en peligro pero por el momento no es más lo que se puede hacer”, agregó el funcionario”, concluyó Marques da Silva.

INFOBAE

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