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Más de dos mil presos salieron de las cárceles federales
desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo pasado.
Algunos de ellos
salieron para seguir detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario. Pero
las cifras confirman que ahora sobran plazas en las unidades penitenciarias.
Los datos surgen de los informes oficiales de la Procuraduría de Violencia
Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público y de la Procuración
Penitenciaria Federal.No hay datos estadísticos en la provincia de Buenos Aires, donde -según las fuentes consultadas por Infobae- las libertades anticipadas se frenaron cuando estalló el escándalo por el hábeas corpus colectivo.
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“Durante el primer semestre de 2020, en contexto de pandemia
por Covid-19 y con Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la
población alojada registró una baja de 2.230 personas (-16%). El decrecimiento
más pronunciado se registró en mayo y junio”, informó la PROCUVIN.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, no hay un
número concreto de presos excarcelados. Es que, según indicaron fuentes
consultadas por Infobae, hay unos 50 mil presos en la cárceles de la provincia
cuando sólo hay lugar físico para 24.000. Y entre el 10 y el 20 por ciento de
ellos salen anualmente, pero al mismo tiempo, la puerta de entrada iguala ese
porcentaje.
“Además, el 60 por ciento de las personas que salen, lo
hacen porque se agotó su condena, es decir, porque tenían que salir”, remarcaron.
Al ser consultados sobre las libertades otorgadas durante la pandemia, las
fuentes precisaron que a raíz del escándalo que se generó en abril pasado por
el hábeas corpus colectivo para detenidos, “el 90 por ciento de los que salen
es por agotamiento de la condena”, es decir que hay menos morigeraciones de
penas concedidas. Otro dato: las cárceles registraron una baja menor en su
población, pero las alcaidías subieron.
Los presos de Devoto durante las negociaciones tras el motín
que encabezaron en abril pasado
Los presos de Devoto durante las negociaciones tras el motín
que encabezaron en abril pasado
De donde sí hay datos concretos es del Servicio
Penitenciario Federal. Allí, los números muestran una baja de la población
penitenciaria. La Procuración Penitenciaria reconoce que “a raíz de la
declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, entre los meses de marzo y
junio de 2020 se produjo un significativo descenso de la población”. De hecho,
ya a fines de abril, no había “sobreocupación general” en las cárceles del
sistema federal. Uno de los datos claves también fue la reducción de ingresos,
es decir, menos personas que quedan detenidas.
Según la Procuración Pentenciaria Federal, la duplicación de
los egresos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se debe, en buena
parte, al notable aumento de los arrestos domiciliarios, que se multiplicaron
por doce en relación al mismo período de 2019. Entre mitad de abril y mayo de
2019, hubo 62 detenidos enviados a cumplir pena en su casa; este año en el mismo
período hubo 735.
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El Ministerio Público Fiscal, a través de la PROCUVIN,
detalló que en un contexto de pandemia, el primer semestre de 2020 registraban
11.786 personas privadas de su libertad en establecimientos del SPF en todo el
país. “Ello implicó una disminución del 16% de la población detenida”, precisó
la Procuraduría de Violencia Institucional.
El informe detalló que la disminución de la población
impactó fuertemente en la cantidad de personas detenidas sin condena, que se
redujo en un 19,5 por ciento. La mayoría de las personas que lograron salir de
prisión fueron mujeres y transgénero.
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La superpoblación y el coroanvirus
En diciembre, cuando cambiaba el Gobierno, los presos de las
cárceles bonaerenses iniciaron una huelga de hambre en reclamo por la falta de
alimentos. Pedían por su situación. La emergencia penitenciaria había sido
dictada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal apenas llegó a su cargo
–tras la fuga de los asesinos del triple crimen de General Rodríguez– y su
sucesor, Axel Kicillof, la ratificó. Las estadísticas indicaban que la cantidad
de presos duplicaba la cantidad de plazas.
En enero, el gobierno de Kicillof armó una “Mesa
Interinstitucional de diálogo” para generar un plan consensuado entre los tres
poderes del Estado bonaerense, los organismos de derechos humanos, la Iglesia y
representantes del Poder Judicial Federal. Las primeras reuniones se hicieron
en febrero.
Con la irrupción del coronavirus, los 19 defensores
generales de la provincia de Buenos Aires pidieron el 3 de abril que sean
liberados todos los presos bonaerenses, tanto en cárceles como en comisarías,
que sean considerados población de riesgo ante el posible ingreso del COVID-19
a los penales provinciales, tal como contó Infobae ese día. “Es inadmisible que
personas que integran los grupos de riesgo en relación a la enfermedad
producida por el virus COVID-19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en
cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires”,
señalaba el hábeas corpus.
El 8 de abril, el juez Víctor Violini, del Tribunal de
Casación, concedió el hábeas corpus. Habló de conceder arresto domiciliario
para presos por delitos leves en situación de riesgo, analizar la situación de
los presos por delitos graves. También encomendaba evaluar de oficio a los que
tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años “considerando los
intereses de las víctimas” y disponía que mandaran a domiciliaria a los que les
faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.
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Los listados de esos presos habían sido confeccionados por
funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, en base a edades y patologías.
Los primeros listados indicaban 700 personas, de la cuales 400 estaban
arrestadas por delitos leves, pero el número podía elevarse a 2.300 internos en
situación de riesgo con registros más actualizados.
El fallo provocó gran conmoción social cuando se conocieron
otras libertades y arrestos domiciliarios concedidos de manera individual, como
el caso de Pedro Olmos, el hombre de 68 años que abusó de una vecina de 13 años
en el cumpleaños de su nieto y que con el coronavirus volvió a vivir muy cerca
de la casa de su víctima. Hubo otros casos en distintos puntos del país.
En el sistema federal, en tanto, hubo varios levantamientos
en los penales, pero el caso que más repercusión tuvo fue el motín que tuvo
lugar en la cárcel de Devoto. El 24 de abril, los reclusos incendiaron las
celdas, colgaron colchones prendiéndose fuego y alcanzaron el techo del
establecimiento. Hubo negociaciones de las que participaron el viceministro de
Justicia Juan Martín Mena y jueces de la Cámara Federal de Casación. Se abrió
entonces una mesa de diálogo.
En el mientras tanto gran parte de la sociedad, confinada en
sus casas por el aislamiento que impuso el coronavirus, participó de un masivo
cacerolazo contra la salida de presos.
INFOBAE
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