La pelea entre Berni y Frederic sumó otro capítulo. Y
potencia un cuadro que ya no niega el oficialismo: el crecimiento del delito
después de la primera etapa de aislamiento. Eso se suma a malestares por el
manejo de recursos económicos. Y desarma el libreto ideológico.
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Hay a esta altura en el oficialismo, nacional y provincial,
aceptación del crecimiento de los problemas de seguridad luego de una etapa en
la que se difundía sólo el registro del primer cuatrimestre del año, teñido
desde el punto de vista estadístico por el impacto de la baja en la primera y
más restrictiva etapa de la cuarentena: el tercio final de marzo y todo abril.
A partir de allí, el cuadro registra un nuevo crecimiento del delito, asociado
a los efectos de los períodos más flexibles de aislamiento y –mirada
inquietante- a la crisis agudizada por la cuarentena.
Este aspecto, el de los efectos de la crisis, expone el
riesgo de prejuicios de arrastre y de un análisis con pinceladas
estigmatizadoras en base a una tendencia dramática: el rápido crecimiento de la
pobreza, con el agregado del impacto de la crisis en sectores medios y
medio-bajos. Resulta llamativo el diagnóstico lineal que se hace en ámbitos
provinciales y nacionales: encadena los efectos económicos de la pandemia –no
hablan de la cuarentena, para colocar el acento en una circunstancia ajena a sus
decisiones y políticas- con el aumento de la pobreza y vincula ese efecto
social con el aumento real y potencial del delito.
Postal de Sergio Berni en en el terreno, junto a su moto.
Las estadísticas difundidas por medios oficiales señalan que
en el lapso de enero a mayo los robos en sus distintas modalidades disminuyeron
alrededor del 25 por ciento en la comparación interanual, aunque admiten que a
partir de entonces las cifras tienden a igualarse con las del año pasado.
Fuentes vinculadas a intendentes de JxC coinciden al menos en que ahora se
estaría enfrentando una situación similar a la registrada antes de la entrada
en cuarentena.
Algunas de esas consideraciones llegaron a Olivos y le
agregaron urgencia a la necesidad de articular de algún modo la relación entre
la ministra nacional y su colega bonaerense. El agravamiento del cuadro
provincial podría impactar a todos. Sólo en microclimas muy cerrados puede
suponerse que algo que lastima en la provincia de Buenos Aires no produce costo
alguno a nivel nacional.
Kicillof se ha mostrado particularmente activo para tratar
de lograr algún equilibrio entre Berni, designado por decisión directa de
Cristina Fernández de Kirchner, y Frederic. Ese camino también fue alentado por
Olivos. La cita de ayer terminó anotando una nueva muestra de tensión entre la
ministra nacional y el ministro provincial, más allá del comunicado oficial,
que de todos modos expuso un punto gravitante: la necesidad de coordinar acciones
con las fuerzas federales en la Provincia, con mayor despliegue.
Berni no tiene tampoco una relación distendida con el
conjunto de los intendentes, aunque algunos del PJ y también de JxC reconocen
su peso y hasta una imagen nada desdeñable en algunas franjas de la sociedad.
Hay síntomas de malestar acotado en el gobierno provincial, no sólo en Olivos,
y hasta versiones de alguna carga desde organismos como el Cels y la Comisión
Provincial de la Memoria. De todos modos, no parece sencillo correrlo del cargo
en el actual cuadro de cuarentena, crisis e inseguridad. Y más aún, si la
ofensiva en su contra termina siendo leída como un costo para CFK.
Imagen de un robo violento por motochorros, en Loma Hermosa.
Los reclamos de los jefes comunales van más allá de esas
especulaciones y correrían en paralelo con otras dificultades en el vínculo con
Kicillof. Desde diciembre, el manejo de recursos es una de las cuestiones
salientes que realimentan malestares. Y eso estaría lejos de haberse diluido en
estos meses de necesidades extremas, con fuerte caída de ingresos propios en
los municipios.
Un primer cálculo analizado en medios opositores señala que
en el semestre que acaba de terminar, la provincia recibió alrededor de 90.000
millones de pesos extra o de manejo más discrecional, que superan la baja
sufrida en los ingresos por coparticipación federal como consecuencia de la
cuarentena. De ese total, apenas el 15 por ciento habría fluido de manera
directa a los municipios en concepto de transferencias o crédito. Lejos de
criterios cercanos al índice de reparto tradicional.
Otras demandas, en cambio, tienen color casi exclusivamente
peronista. Hay intendentes del GBA que se sienten relegados en el manejo de la
asistencia social y miran con recelos el despliegue en “sus” distritos de los
movimientos sociales alineados con el oficialismo. Por supuesto, en medio del
impacto creciente de la crisis, la contención es un objetivo central y una
demanda en aumento, a pesar del trabajo de las iglesias Católica y evangélicas
y de otras organizaciones.
No quedaría mucho espacio para dirimir disputas domésticas
en áreas sensibles.
INFOBAE
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