El caso Vicentin abrió un frente de tormenta en la Justicia, generó tensión en Diputados y agita un tema conflictivo

Alberto Fernández aseguró que la expropiación de Vicentin es excepcional, pero la decisión generó fuertes tensiones
La intervención y posible expropiación impactan en todos los terrenos. El tema terminaría en la Corte, en medio de ruidos sobre su integración. El Congreso se prepara para una disputa muy fuerte. La señal de Lavagna. Y las especulaciones sobre la decisión del Presidente.

En apenas unas horas, la decisión de intervenir el enorme conglomerado Vicentin y de avanzar con una ley de expropiación superó rápidamente la sorpresa inicial y ya se advierten algunos efectos intensos que deberá enfrentar el Gobierno. Abre un horizonte tormentoso en la Justicia, con destino de Corte Suprema y posible escalada contra los jueces si es frenado el avance. Tensa el clima en el Congreso, en especial en Diputados, donde el rechazo unifica a la principal oposición y fisuraría algunas líneas aliadas. Puso a Roberto Lavagna en situación de alerta y crítica, un dato nada menor para los planes post pandemia. Y agrega un tema de tensión en medio del sensible clima de la cuarentena.

No son los únicos puntos que alimentan las especulaciones en el propio oficialismo, donde la sorpresa –incluso de varios ministros- dio pasos a interrogantes, al margen del discurso hacia fuera y la celebración del kirchnerismo duro. Alberto Fernández se encargó de dos pinceladas llamativas, de forma difícil de entender: metió de entrada en el debate a Venezuela y a Cristina Fernández de Kirchner. La referencia al chavismo buscó ser una ironía contra la oposición. Y la alusión directa a CFK fue para rechazar la autoría de la vice y reivindicarla como propia. Mala diagonal para salir del paso. El otro aspecto fue sugerido por Lavagna y expone el espejo más cercano, al margen de las diferencias: el muy costoso caso de YPF.

¿Qué fue lo que precipitó realmente esta movida? El discurso de la “soberanía alimentaria” –inquietante en sí mismo, porque la idea de “soberanía” puede ser extensiva a cualquier actividad, incluidos los medios- y la gravedad de la situación no cierran. Precisamente, esto último debe ser cuestión de cuidado central para la Justicia y la propia figura de un interventor está contemplada como la alternativa más grave en etapa de concurso de acreedores, según coinciden expertos en la materia. ¿Entonces?
El Presidente cambió de hecho la agenda o impuso al menos un renglón central. Ese sería a todas luces el efecto, no el motivo de la decisión. Una versión dice que acordó con la ex presidente esta jugada y que el mismo tiempo apuntó a evitar que apareciera como tema instalado desde el Senado. En rigor, había comentarios no demasiado precisos sobre una iniciativa de este tipo –finalmente atribuida a Anabel Fernández Sagasti, de alineamiento vertical con CFK- en medios legislativos y también en el circuito del kirchnerismo duro. En esa hipótesis, la conferencia para hacer el anuncio no borraría esa lectura pero tal vez atenuaría la erosión de la imagen sea más acotada. Se verá.

La otra conjetura tiene más condimento para el medio político. Dice que entre los tres grupos que daban pelea con ofertas de compra para Vincentin, se habría recortado como mejor posicionada la propuesta tejida por José Luis Manzano desde Ginebra. El ex ministro nunca habría recompuesto la relación con el kirchnerismo y a la vez generaría encono en el Presidente. El corte, si fue ese, haría menos seria la decisión del Gobierno.

En cualquier caso, lo que importan son los efectos. El DNU le confiere al interventor facultades totales: las que estaban reservadas al directorio de la empresa y au presidente. Esas condiciones de la intervención y, antes, la decisión de avanzar a pesar de que está interviniendo la Justicia como es de rigor en un concurso preventivo serán seguramente el primer punto de apoyo de la demanda judicial de la empresa. El otro queda reservado para la ley de expropiación, si finalmente el proyecto es aprobado, en velocidad, como empuja el oficialismo.
El tipo de conflicto –una instancia de la Justicia y una intervención del Ejecutivo- asoma suficiente para que el caso escale a la Corte. Por menos –la discusión sobre el tipo de sesiones del Senado en cuarentena-, la ex presidente lanzó una carga durísima sobre el máximo tribunal. Esto, en momentos en que está encendida la alerta sobre el intento de ampliar su número, para licuar la integración actual y lograr alineamiento con la Casa Rosada. Y en un contexto cruzado a la vez por la anunciada reforma judicial, cuyo proyecto aún no partió hacia el Congreso.

Está claro que la iniciativa de expropiación de Vicentin ingresará por el Senado, donde el oficialismo decidió dejar atrás el virtual acuerdo para tratar en estas condiciones únicamente iniciativas vinculadas con la pandemia. Allí no tiene problema de números para imponer el proyecto. Más ajustado son los cálculos en Diputados. Juntos por el Cambio unificó posiciones frente a la ofensiva oficialista. El Frente de Todos debe sumar unos diez legisladores fuera de su bloque. Dejan trascender que es duro, pero que lo lograrían, aunque hay fisuras entre algunos aliados habituales. El sector que responde a Lavagna ya se pronuncio de manera crítica.

Se verá cómo terminan de acomodarse las piezas legislativas. Pero la posición cuidadosamente crítica de Lavagna es un dato en sí mismo. Es un hombre de consulta presidencial, uno de los más gravitantes en su terreno, y a la vez, su imagen es ponderada más que tácticamente: volvieron las versiones sobre la creación de un Consejo Económico Social, con Lavagna al frente, para potenciar la imagen post cuarentena que ya comenzó a buscar el Gobierno, por ahora con escasa sustancia. Los cuidados iniciales de algunos empresarios, como gesto al Gobierno con el que mantienen diálogo fluido, fue seguido anoche por un documento crítico.

Lavagna recordó el efecto negativo de la llamada “soberanía energética” y advirtió que el camino elegido conlleva además el riesgo de las demandas judiciales. La referencia a la experiencia con YPF repone la cuestión del alto costo que debió pagar el país por aquella decisión, a cargo de CFK.

Para completar, se agregaron las protestas de ayer en las localidades santafesinas de Avellaneda y Reconquista, sede la empresa y zona de influencia. La imagen repone consideraciones sobre el cacerolazo por las excarcelaciones, en las primeras semanas de la cuarentena. Es decir, inquietud frente a la posibilidad de que un tema condense otras malestares. Y su impacto y juego político.
INFOBAE

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