Adepa exhortó al compromiso de todas las fuerzas políticas con la libertad de prensa


Adepa exhortó al compromiso de todas las fuerzas políticas con la libertad de prensa
“Durante la presente gestión se eliminaron muchas de las distorsiones heredadas y se generó un clima de mayor respeto al rol del periodismo. 

Es de esperar, en el marco del proceso electoral que vive el país, que esa tendencia
sea profundizada en la futura administración, como así también que las diversas fuerzas políticas se comprometan en ello”, sostuvo ayer la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en su informe semestral sobre la situación de la prensa en el país.
El informe fue aprobado por los miembros de Adepa, reunidos en Mar del Plata para las deliberaciones de la 169ª Junta de Directores. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Daniel Dessein, fue el encargado de dar a conocer el texto, donde además se señala: “El vigente respeto por las libertades tiene como contracara una fragilidad inédita de la industria
periodística nacional, que reconoce como punto de partida el colapso institucional y económico de 2001. 
Al cambio de paradigma de la industria a nivel global, se suma el estancamiento de la economía argentina desde 2011, con la recesión que afecta al país desde hace casi un año”.
A continuación el informe completo:

INFORME DE LA COMISIÓN DE LIBERTAD DE PRENSA
Mar del Plata, 4 de abril de 2019
La Argentina, como muchos otros países de América Latina, registra en su
historia una amplia gama de ataques al derecho a la información. En años
recientes, experimentamos embates tradicionales combinados con
mecanismos solapados de censura a la crítica.
Durante la presente gestión se eliminaron muchas de las distorsiones
heredadas y se generó un clima de mayor respeto al rol del periodismo. Es de
esperar, en el marco del proceso electoral que vive el país, que esa tendencia
sea profundizada en la futura administración, como así también que las
diversas fuerzas políticas se comprometan en ello.
El respeto a las libertades por parte del actual gobierno tiene como contracara
una fragilidad inédita de la industria periodística nacional, que reconoce como
punto de partida el colapso institucional y económico de 2001. Al cambio de
paradigma de la industria a nivel global, se suma el estancamiento de la
economía argentina desde 2011, con la recesión que afecta al país desde hace
casi un año.
Ese cambio de paradigma y el contexto económico descripto han puesto en
riesgo la subsistencia de muchos medios. Por la misma causa, se registra una
caída abrupta de la publicidad privada y un alza de insumos dolarizados de la
mano de la devaluación de la moneda nacional.
El recorte de la publicidad estatal nacional en un 75%, medida destacada por
varios funcionarios, tiene un efecto en la crisis del sector que requiere una
readecuación gradual de las variables que maneja el Poder Ejecutivo. Otro
tanto sucede en numerosas provincias y municipios.
El Congreso nacional ha brindado un alivio importante a la industria con la
modificación, sancionada en diciembre pasado, de las alícuotas de IVA para
medios de comunicación. Algunas iniciativas que proponen otorgar a medios un
porcentaje de los fondos de campaña, presentadas en el marco del debate
sobre financiamiento político, ofrecerían una amortiguación suplementaria a la
crisis que sufren las empresas periodísticas. Estas propuestas, que buscan
equilibrar tácticas electorales apoyadas en una creciente inversión en redes
sociales, implican un reconocimiento a la función estratégica del periodismo
como dinamizador de la democracia.
En estos días vemos cómo el Parlamento europeo, a través de la flamante
directiva sobre derechos de autor, fija un límite a las compañías tecnológicas
que se nutren de producción ajena. Las empresas digitales más afectadas por
la medida, si bien la resisten, hablan ahora de una "regulación inteligente" o
de la necesidad de actualizar las reglas de internet, como afirmó el pasado
sábado Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook; por cierto, en una nota en
un diario.
Nuestro país cuenta con legislación, jurisprudencia y desarrollo doctrinario con
altos estándares de protección de la libertad de prensa. No obstante, la
revolución digital introduce nuevos paradigmas y desafíos que desbordan los
esquemas concebidos hasta ahora. Nuestra Constitución y nuestra tradición
judicial contemplan una defensa efectiva contra ataques clásicos al periodismo
y un freno a las restricciones a la libertad de prensa a través de la vía
legislativa. En la misma línea de la Primera enmienda estadounidense. Pero,
como planteó ante el Congreso de Estados Unidos el director de la News
Media Alliance, la organización más representativa de la prensa de ese país,
“actualmente los reguladores de hecho son las tecnológicas y no los
congresistas".
En nuestro país, hay legisladores que advierten la nueva configuración del
escenario contemporáneo y los riesgos que se expanden para la democracia.
La pérdida de estado parlamentario de la "ley de intermediarios" es una señal
de esa comprensión.
Recordábamos, en una declaración anterior de Adepa, la consistente
jurisprudencia y doctrina -como la de la real malicia- que proporcionan un
escudo protector a la libertad de prensa. Se acumulan, sin embargo,
preocupantes fallos de primera instancia que desconocen esta tradición
jurisprudencial y nuestros hitos doctrinarios.
El ecosistema digital presenta muchos retos. Durante el último semestre se
registraron los primeros dos casos del denominado "derecho al olvido",
acogidos por la Justicia en nuestro país. Jueces ordenaron, en dos fallos
advertidos oportunamente por Adepa, la desindexación de contenidos, que son
medidas que atentan contra el derecho a la información.
La proliferación de ataques contra periodistas y medios en la web forma parte
de la extendida contaminación del entorno digital. En un año con una
extraordinaria actividad electoral, la multiplicación de campañas de
deslegitimación contra la prensa y la diseminación de noticias falsas podrían
afectar un presupuesto democrático esencial, como es una ciudadanía
informada.
El oficio periodístico recibe renovados cuestionamientos. En el caso de la
presunta extorsión a un empresario agropecuario que se imputa al falso
abogado Marcelo D´Alessio, hubo sectores que pretendieron desacreditar el
legítimo uso de fuentes por parte de periodistas. Ellos pueden cometer
errores en su ejercicio profesional, pero estos errores no deben ser
confundidos con relaciones espurias ligadas a eventuales delitos de sus
fuentes. El caso presenta puntos oscuros vinculados al mundo de los servicios
de inteligencia, desde donde se impulsaron gravísimas intimidaciones,
persecuciones e injerencias en la labor profesional o en la vida privada de
periodistas. La opacidad del caso no justifica el evidente propósito, proveniente
de ciertos sectores, de invalidar la llamada "causa de los cuadernos". Causa
derivada de una notable investigación periodística que puso el foco en la mayor
trama de corrupción de nuestra historia.
Otro caso de extrema gravedad es la denuncia de Impreba, la editora del
matutino Diario Popular, que corre riesgo de sufrir un virtual abuso confiscatorio
sobre el patrimonio de la empresa a raíz de un arbitrario reclamo judicial de un
particular por honorarios jurídicos, y a partir del intento de aplicar fórmulas de
determinación de deuda alejadas de la realidad económica. Es preocupante,
en tanto puede amenazar la continuidad de un medio periodístico y el
mantenimiento de numerosas fuentes de trabajo.
Muchas democracias modernas reconocen el papel irremplazable que juega el
periodismo en la descontaminación digital y en la regeneración del debate
público. Se trata de una cuestión de vital importancia para nuestras
perspectivas institucionales. Algunos ya lo advierten. Es, todavía, una materia
cuyo abordaje está pendiente para buena parte de la dirigencia y de la
ciudadanía en general.

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