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Transporte: la Agencia de Recaudación admitió que empresas tercerizadas no están habilitadas
Lo aseguró en una nota enviada a la comisión del Concejo. Sostuvo que ya informó a la Dirección de Inspección General.

El administrador general de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), Mariano Correa, aseguró en una nota enviada a la comisión de Transporte del Concejo Deliberante que los prestadores de servicios tercerizados informados por las empresas 25 de Mayo, Peralta Ramos, 12 de Octubre y El Libertador no están registrados como contribuyentes de la tasa de seguridad e higiene “por no contar con habilitación de local”.

La información llegó ayer al Concejo junto con el estudio de costos de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito que dio un precio de $ 13,55 para la tarifa plana.

El funcionario indicó que todas las facturas electrónicas auditadas ubicaban el domicilio comercial en avenida Constitución 10250 (la dirección de la UTE El Libertador, que nuclea a las concesionarias del transporte), pero aclaró que allí no cuentan con establecimiento u oficina alguna. 
Al tomar conocimiento de que esas prestadoras estarían desarrollando actividad económica sin la correspondiente habilitación municipal, informó a la Dirección de Inspección General.
La nota de la ARM llegó como consecuencia de un pedido de información realizado por la comisión a instancias de la oposición. Fue luego de que la oficialista Angélica González sembrara dudas sobre las tercerizaciones de las empresas de transporte y frustrara a fines de junio la aprobación de un boleto a $ 11,56.
El Gobierno bonaerense ratifica multa a SUTEBA: será de 659 millones de pesos
Es por haber realizado un paro de 48 horas pese a la conciliación obligatoria que estaba vigente.
El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ratificó hoy que el Gobierno provincial aplicará una multa de unos 659 millones de pesos al sindicato docente SUTEBA, por haber realizado un paro de 48 horas pese a la conciliación obligatoria que estaba vigente.
“Se va a aplicar una multa en función de la reincidencia, porque el año pasado ya tuvimos una situación de similares características. Esa multa va a estar en el orden de los 659,7 millones de pesos”, indicó el funcionario.
En declaraciones a radio La Red, Villegas explicó: “el monto es en función de lo que establece la legislación vigente, que dice que las multas por el no acatamiento a la conciliación obligatoria -que está considerada una falta grave- se calcula en base al salario mínimo vital y móvil, que a julio de 2018 es de 10 mil pesos”.
“Entonces, en función de ese salario se hace un cálculo entre 50% y el 2000%. Y como hay una reincidencia (del sindicato) estamos aplicando ese salario por la cantidad de afiliados que tiene”, puntualizó.
El funcionario bonaerense anticipó que “por decisión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cuando el dinero de la multa se haga efectivo, tendrá un fin específico de asignación, que va a ser la construcción de jardines de infantes en la provincia de Buenos Aires. Ese dinero no va a entrar en rentas generales para ir a cubrir otros déficit”.
Además, Villegas consideró que el líder del SUTEBA, Roberto Baradel, y del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, “son lo mismo, porque incumplen una ley que no permite un ejercicio abusivo de los derechos y cuando se incumple hay que pagar las consecuencias”.
SUTEBA decidió adherir al paro que llevó adelante entre el lunes y martes últimos la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).
La semana pasada el Gobierno bonaerense había dictado la conciliación obligatoria para desactivar el paro que, en la Provincia, iban a realizar los gremios que integran el Frente de Unidad Docente, y entonces el gremio que lidera Baradel decidió plegarse a la huelga dispuesta por la CTERA.
También durante la última semana, la Provincia ofreció a los maestros una mejora salarial del 16,7% y una nueva convocatoria para este mes, pero los sindicatos rechazaron la oferta, ya que exigen un aumento salarial del 30% con “cláusula gatillo”.
 
Los 100 “palos” demorados, un timbreo con quejas y a plantar las hortalizas
Todos los entretelones de lo que es noticia en Mar del Plata
¿Era consciente el intendente Carlos Arroyo, cuando declaró ante los periodistas de Mar del Plata que no aportó 50 mil pesos en la campaña de Cambiemos, que desataría ese escándalo político? ¿Lo hizo para presionar al gobierno de la provincia para que llegaran fondos prometidos o fue otro caso de declaración rimbombante e inocente? Solo el jefe comunal sabe por qué hizo esa aclaración en medio de la por entonces tímida polémica sobre aportantes truchos a la campaña de Cambiemos. A partir de sus palabras -el primer dirigente de cierto peso en esa coalición que de alguna forma avalaba la investigación periodística- la oposición se apoyó en palabras para “bombardear” a la gobernadora y pedir informes en todos los concejos deliberantes bonaerenses, al margen de las denuncias judiciales presentadas.
En la Provincia están absolutamente convencidos de que a Arroyo no se le escaparon esas palabras. En off the record, al menos tres ministros del gabinete de Vidal hicieron saber su malestar por lo que consideraban “una chicana” del intendente contra “la gobernadora que le apagó muchos incendios”. Pero el ministro de Asuntos Públicos de la provincia, Federico Suárez, fue claro y contundente. “Arroyo habló así con una intencionalidad política”, aseveró, graficando así el malestar que hay en La Plata con el lord mayor. Si la relación no era buena hasta ese momento, ahora llegó a su momento de máxima tensión.
Las primeras palabras en esa línea que sonaron fuerte en Mar del Plata fueron las del diputado nacional Guillermo Montenegro: “Si sos candidato, lo lógico es que aportes”. Esa postura, que a oídos de algunos podía sonar intencionada por el inocultable anhelo del legislador de postularse a intendente por Cambiemos en 2019, no fue aislada y respondía a una lógica discursiva: la de dejar en claro que los que niegan los aportes quedaron heridos por alguna circunstancia política. El ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez, lo aseguró esa misma jornada en A24: “Hay un componente fuertemente político”. Enseguida agregó: “Muchos candidatos que han sido del frente Cambiemos han quedado heridos porque no han hecho los registros necesarios. Es materia para investigar y llegar a tener certeza”.
LA CAPITAL

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