“En este contexto económico y político es descabellado
pensar en un nuevo aumento de servicios públicos, cuando el gobierno no puede
controlar la inflación”, expresó el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido
Lorenzino, al tiempo que pidió que se suspenda la audiencia convocada para el
próximo 4 de septiembre.
Lorenzino explicó que el pedido de suspensión también
responde a una razón formal, que tiene que ver con que las empresas
distribuidoras del servicio no cumplieron con la obligación de informar con antelación cuál es la propuesta
de actualización.
En esa línea, el Defensor sostuvo que “este incumplimiento
vulnera los derechos constitucionales de acceso a la información, clara y
veraz. Además, impide la posibilidad de emitir opinión como así también de realizar
un intercambio responsable de ideas”.
Según prevé la resolución N°184 del Directorio de ENARGAS,
las licenciatarias deben presentar ante dicha Autoridad Regulatoria los
cálculos correspondientes al cuadro tarifario propuesto con el objetivo de que
se pueda realizar una adecuada valoración considerando el impacto que generan
los incrementos en las economías familiares. Asimismo, la información debe
estar disponible para la consulta de los interesados.
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