La Cámara confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado

La Cámara confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavadoEl fallo también incluye a sus hijos y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
La Sala I de la Cámara Federal Porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero en carácter de "jefa" junto a su hijo Máximo Kirchner.
En tanto que Florencia Kirchner fue considerada coatura de dichos delitos. La confirmación de los camaristas alcanzó a los empresarios K y principales inquilinos de la inmobiliaria, Lázaro Báez y Cristóbal López. En el caso del "zar del juego" y su socio Fabián De Sousa se agravaron sus acusaciones, incorporándoles el lavado de activos.
La calificación atribuida a la electa senadora es "asociación ilícita en calidad de jefe", y "lavado de activos en calidad de coautora" y se planteó la "admisión de dádivas en carácter de coautora", indica la resolución donde se desestimó la acusación por "negociaciones incompatibles". La causa quedó vinculada a la maniobra defraudatoria en la obra pública, que tiene el juez Julián Ercolini, que concentrará todas las investigaciones por corrupción contra la ex presidenta.
La causa inició con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer y estuvo en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. Durante la investigación se corroboró que Los Sauces creada en 2006, nunca tuvo la intención de funcionar comercialmente, sino dedicarse "al cobro de retornos". "No tenía sede social ni empleados, sólo Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero de la casa de la ex Presidenta".

Para el camarista Bruglia se trató de "supuestos alquileres de inmuebles" para dar "apariencia “lícita”, a operaciones comerciales "para que Báez pudiera ingresar al patrimonio de la familia Kirchner parte del dinero ilícitamente obtenido" a través de la defraudación en la obra pública.


Por ello, para la Sala I los alquileres y otras operaciones que son parte de la causa (compra-venta de propiedades, construcción de inmuebles, etc) "cobran distinto alcance y significación frente a un obrar delictivo previo y concomitante" que se constituye como "un claro indicador de generación de dinero ilícito" y de la necesidad de que parte de esos fondos "fuera transferida al patrimonio de los ex presidentes".

Con dicho concepto, confirmaron la acusación de Bonadio que sostenía que todo "fue pergeñado por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner" y que junto a Florencia después de 2010, se convirtieron en "jefes de una banda" (figura que ahora exime a la hija de Cristina) que “impartían las directivas de la organización delictiva”, para percibir dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita".

Como piezas indispensables de las operaciones, están los principales inquilinos: Báez (junto a tres de sus hijos), Cristóbal López y Fabián De Sousa. Para los camaristas, dada la entidad económica de los grupos Báez e Indalo, "no se advierte la necesidad real de alquilar inmuebles con las características de los bienes de Los Sauces". Los empresarios K fueron el 86 % de la facturación de Los Sauces: garantizaron a los Kirchner $ 31.545.007 entre 2009 y 2015.
Al analizar la relación comercial se planteó que eran "contratos de alquiler para disimular las dádivas", y los jueces indicaron que "resulta llamativo que hayan elegido a dicha sociedad familiar entre los distintos prestadores que ofrecía el mercado".
Los Sauces SA es parte -según la resolución-, del "armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos" y permitir que el dinero "proveniente de las maniobras defraudatorias" de la obra pública, "ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad".
Así los jueces Bruglia y Ballestero, indicaron que se está ante una maniobra mayor que contó con "distintos circuitos para el obrar delictivo", el primero de ellos dirigido al "apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública" y el otro, destinado "al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos".
Por estos motivos, plantearon que hay que ver todo desde un plano "más abarcativo", donde no puede desconocerse la causa Hotesur SA, que investiga el alquiler del hotel Alto Calafate -propiedad de los Kirchner- por parte de empresas de Báez "que ocultaría pagos ilícitos".

"Es clara la similitud" con la causa Los Sauces SA, señalaron los jueces y se refirieron a un "modus operandi" respecto "al alquiler de inmuebles pertenecientes a una sociedad integrada por la ex mandataria y su familia, por parte de empresas de Báez, López y De Sousa -contratistas o concesionarios del Estado-, como un medio de ocultar pagos ilegítimos".
Como la "cara y contracara de una misma maniobra delictiva", indicaron, todo responde a un mecanismo de "distribución del dinero que provendría de las defraudaciones en la obra pública, con quienes desde el poder detentaban el máximo control de los fondos y del circuito administrativo" y por eso respaldan la acusación sobre el armado de una "organización criminal".
Por un lado, se perfilan "actos delictivos generadores de importantes beneficios patrimoniales" y el establecimiento de una organización montada para concretarlos. Por el otro, se evidencian otras "maniobras destinadas a dotar de aparente legitimidad a las ganancias ilícitas obtenidas, así como el armado de una estructura organizada con la finalidad de desarrollar esa operatoria".
El embargo para el diputado nacional se mantuvo en $ 130 millones, mientras que a la ex Presidenta le redujeron la medida cautelar a $ 110 millones (era de 130). En tanto, a su hija menor se le confirmó un embargo por $ 100 millones.

El expediente tenía un total de 18 personas procesadas, y se confirmó sobre los empresarios K, tres hijos de Báez, Martín, Luciana y Leandro,el contador Víctor Manzanres confirmando su prisión preventiva, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado -sobrina de la ex Presidenta-, entre otros. Sólo hubo dos faltas de mérito.
CLARÍN

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