Allanaron una quinta donde eran explotadas dos familias

En el predio de la zona de Batán eran explotadas dos familias que habían sido captadas en Bolivia -con nueve hijos e hijas menores- y vivían en condiciones paupérrimas. Dos personas quedaron detenidas.

A partir de una denuncia por abuso sexual de una niña adolescente, se inició una investigación en la fiscalía federal N°1, que encabeza Laura Mazzaferri, que derivó en un allanamiento realizado ayer en una quinta de la zona de Batán donde dos familias de nacionalidad boliviana eran explotadas en el cultivo de verduras y hortalizas y vivían en condiciones de gran precariedad.

El dueño del lugar y el hombre acusado del abuso, que habría participado en la captación de las víctimas, quedaron detenidos imputados del delito de trata de personas con finalidad de explotación laboral.

La investigación se inició trece días atrás cuando se tomó conocimiento de la situación atravesada por la niña: dio a luz a su bebé en el Hospital Materno Infantil, y después de la asistencia de trabajadoras sociales y de la Dirección de Niñez del Municipio y el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV) provincial, se dio intervención a la Justicia. Por un lado, al fuero provincial por la denuncia de abuso, y por otro lado, al fuero federal por la situación de toda su familia que trabajaba de manera irregular en una quinta.

Cuando la denuncia llegó a la Fiscalía Federal N°1, se pidió la inhibitoria de la causa provincial, al entender que el abuso se dio en el marco de una situación de trata de personas y explotación, lo que impedía cualquier situación de consentimiento. De hecho, la víctima había sido separada en un primer momento de su familia: mientras madre, padre y cinco hermanos fueron llevados a la quinta, ella fue llevada a otro predio, con el fin de cuidar niños y ayudar en la casa de quien sería su captor y abusador, que vivía con su pareja; siendo que con éstos la víctima tenía una relación de parentesco.

Detenido el dueño

En el allanamiento, dispuesto por Santiago Inchausti, magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 3 y en el que intervino la División Trata de Personas de la Policía Federal, fueron detenidos el dueño del campo y el sujeto que habría participado en la captación de las familias, que llegó cuando el procedimiento estaba en marcha: ambos quedaron detenidos por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, y el segundo además está imputado por abuso sexual agravado por acceso carnal.

En el lugar se constataron condiciones paupérrimas de habitabilidad: el agua es de pozo, el gas lo debían comprar en garrafa, no hay agua caliente, el baño de chapa está afuera de las precarias viviendas, donde las familias dormían en situación de hacinamiento. A su vez, se constató el proceso de construcción de nuevas viviendas, lo que hace presumir que sumarían más trabajadores y trabajadoras al predio.

Además, se evidenció, a través de las pruebas colectadas y las declaraciones prestadas por las víctimas hasta la medianoche de este jueves en sede judicial, una situación de total vulnerabilidad y dependencia con los explotadores: eran quienes les brindaban los insumos para el cultivo, coordinaban las tareas, vendían lo recolectado en el mercado, contaban con la movilidad para ello, entre otras cuestiones. De hecho, los trabajadores no salían solos a ningún lado: eran llevados incluso hasta el supermercado para comprar sus alimentos.

El sistema de pago

El sistema de pago sería otro elemento clave en la situación de explotación: el “salario” era a porcentaje y el trabajo a destajo. Se les abonaba a cada familia por quincena, una suma que rondaría entre los 2800 y 3400 pesos.

La investigación sigue abierta, dado que se constató la existencia de quintas vinculadas, por lo que se decretó el secreto de sumario parcial respecto de ese tramo de la pesquisa.

Al mismo tiempo, la Fiscalía con la colaboración del Área de Trata, el Área No Penal y la Oficina de Coordinación de Asistencia a las Víctimas, de la Fiscalía General de Mar del Plata, trabaja en la gestión de becas económicas y la posible inserción en programas de economía familiar para capacitar y empoderar a las víctimas; como así también, en un acompañamiento médico y psicológico para la adolescente y su bebé.

LA CAPITAL

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