La Defensoría revisó la posición que mira a los migrantes desde la política criminal

“La migración es un derecho humano esencial e inalienable de las personas”, afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto en DDHH y Salud de la Provincia, Marcelo Honores, al cuestionar la decisión que coloca al colectivo migrante como “foco de conflicto en el marco de la política criminal”, y entender que “se genera un profundo impacto sobre las libertades, que afecta mayoritariamente a las poblaciones de países limítrofes debido al mayor flujo migratorio”.


Al exponer durante la Jornada Internacional “Migraciones y derechos: el trabajo desde las defensorías del Pueblo”, que organizó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Lanús, Honores reivindicó la necesidad de “plasmar en la práctica la perspectiva de derechos humanos en las migraciones” y sentenció que “el problema es que se entiende a la migración como problema, y no como un derecho humano”.

El Defensor Adjunto compartió la apertura del Seminario, con el Defensor porteño, Alejandro Amor; la responsable del área Migraciones e Igualdad de Trato de la Defensoría del Pueblo de España, Elena Arce Jiménez; la Defensora de Escobar, Rocío Fernández; y el vicepresidente del comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de Naciones Unidas, Pablo Ceriani Cernadas.

Honores, además de pasar revista sobre el plexo normativo que sustenta los derechos de las personas migrantes en el país, consagrados en las constituciones Nacional, Provincial y en pactos internacionales, sostuvo que “los procesos migratorios no pueden analizarse desde una postura utilitarista: la persona migrante no puede ser valorada de ningún otro modo que no sea como sujeto de derechos”.

En ese sentido, consideró que “no es necesario nada especial ni específico para el tratamiento jurídico de las personas migrantes, puesto que al igual que a los argentinos, se les reconocen los mismos derechos”.

“Con palabras simples, todos los seres humanos gozan de todos los derechos humanos, sin discriminación, porque no es posible establecer jerarquías o categorías de personas ni jerarquías o categorías de derechos”, subrayó Honores.

Entre las preocupaciones que atiende la Defensoría del Pueblo, resaltó que “hay nuevas causales de restricción para el ingreso, permanencia y expulsión de migrantes, entre ellas, antecedentes penales de poca relevancia que no requieren de condena firme”.

Esa definición “atenta contra el debido proceso, afecta las posibilidades de defensa y de asistencia consular; se limitan a su vez el derecho a una defensa gratuita, se concentran las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, se restringe el instituto de la reunificación familiar y se aumentan los requisitos para obtener la nacionalidad argentina”, enumeró.

Tras revelar que la Provincia concentra alrededor de la mitad total de los extranjeros residentes en Argentina, Honores resaltó el rol que asumió la Defensoría del Pueblo. “El mandato constitucional es claro: la defensa de los derechos individuales y colectivos de todas las personas que habitan el territorio bonaerense”, puntualizó.

“Desde la Defensoría contribuimos a la convivencia pacífica y solidaria entre todos los integrantes de la sociedad, para que la diferencia entre culturas no implique segregación ni discriminación, sino que enriquezca el tejido social a través de la multiculturalidad”, añadió.

“Llevamos adelante distintas estrategias de intervención con miras a contribuir a una sociedad más justa e inclusiva, independientemente de la raza o la nacionalidad de quienes aquí habiten”, amplió.


Y cerró su exposición al sentenciar que “la migración no es un problema, es una oportunidad. Es el derecho de una persona a vivir dignamente, en condiciones de igualdad, independientemente de su origen”.

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