La ONU se basó en un informe de la Defensoría para advertir sobre el aumento de feminicidios en Argentina

La preocupación por el aumento exponencial de los feminicidios y hechos de violencia contra las mujeres, fueron las líneas centrales de la advertencia que le hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado argentino, luego de basarse en un trabajo presentado por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El organismo internacional, a través del Comité Contra la Tortura, se referenció en un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría, evaluado en Ginebra, para expresar también su preocupación por el impacto de la aplicación de la legislación en materia de estupefacientes en el aumento de la población femenina encarcelada, las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública, y las condiciones de detención humillantes en dependencias policiales, particularmente en la Provincia.

En este análisis, el OVG había hecho hincapié en señalar como torturas, malos tratos inhumanos y degradantes a la violencia contra las mujeres, las condiciones de detención de mujeres y personas trans y travestis encarceladas y la violencia policial hacia mujeres trans y travestis en territorio bonaerense.

Puntualmente, el Comité contra la Tortura  de la ONU hizo un llamado de atención frente “al alarmante número de casos de feminicidios y violencia de género registrados, así como el incremento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas”, y recomendó al  Estado a intensificar sus esfuerzos para combatir todas las formas de violencia de género, incluida dentro de los centros de privación de libertad, investigar en profundidad todas las denuncias, enjuiciar a los autores con  penas apropiadas  y garantizar a las víctimas políticas reparatorias integrales.

Además, manifestó su preocupación frente al proyecto legislativo de reforma de la ley 24.660 de Ejecución Penal, que limita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados y condenadas y el impacto que ha tenido la aplicación de la legislación en materia de estupefacientes en el aumento de la población femenina encarcelada. A su vez, puso el foco por el alto número de personas encarceladas bajo un régimen de prisión preventiva, que en el caso de las mujeres en la provincia de Buenos Aires supera el 64% y de las mujeres trans el 80%.

Respecto a la salud de las mujeres encarceladas, el Comité señaló que el Estado argentino debe garantizar que los servicios médicos penitenciarios estén vinculados al Ministerio de Salud a nivel nacional y provincial y no al Ministerio de Justicia, como sucede actualmente.

Por otra parte, rechazó la discriminación y malos tratos que reciben las personas migrantes de otros países latinoamericanos por parte de las fuerzas de seguridad. En este punto, puso especial énfasis en las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, recomendó al Estado argentino emitir instrucciones claras a las fuerzas de seguridad y adoptar políticas y programas específicos de integración y protección de personas en detención sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, a nivel federal y provincial, así como el pleno respeto de la Ley 26.743 de identidad de género.

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