Se trata de Alfredo
Meade, magistrado de Garantías de Morón, cuya actuación en la desaparición y
muerte de la nena de 11 años será inspeccionada. La decisión fue tomada por el
presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo de Lazzari.
La actuación del juez
de Garantías de Morón, Alfredo Meade, en la tramitación de la causa por el
secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, será investigada por decisión
del presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo de Lazzari,
se informó oficialmente.
El titular del máximo
tribunal provincial resolvió, tras recibir el miércoles el informe del Senado
sobre el caso Candela, que la Subsecretaría de Control Disciplinario, Area
Control de Magistrados “se haga cargo de investigar al juez Meade” por ese
motivo, según la resolución.
“A título personal,
entiendo que el informe de la Comisión aborda profundamente las circunstancias
del caso y enuncia aspectos de inusitada gravedad, los que de ser confirmados
en las instancias correspondientes depararán trascendentes consecuencias”,
concluyó.
De Lázzari explicó que
tras haber “leído íntegramente el extenso informe producido por la Comisión,
desde el punto de vista institucional” dispuso “ponerlo en conocimiento de los
señores Ministros de la Suprema Corte”.
“Paralelamente se ha
requerido al señor titular de la Comisión informe si ante la noticia de la
probable comisión de hechos eventualmente ilícitos -al margen de la causa
Candela en sí-, se han efectuado las denuncias pertinentes para en su defecto
formalizarlas por mi parte”, indicó.
El jueves de la semana
pasada la comisión recomendó al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que
exonere por el caso al jefe de la Policía provincial, Hugo Matzkin.
También reclamó que se
someta a jury al fiscal general, Federico Nieva Woodgate; a los fiscales
Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa; y al juez Meade, todos del Departamento de
Morón.
El dictamen de la
mayoría fue firmado por los senadores del FPV Jorge Ruesga, Jorge Donofrio,
Cecilia Comerio, Emilio López Muntaner y Diana Larraburu, a quienes acompañaron
María Isabel Gainza del CC-ARI y Omar Foglia del GEN-FAP, mientras que el
sciolista Alberto De Fazio presentó otro dictamen y Julio Assef del
Pro-Peronismo, elaboró otro.
Además, legisladores
que integran la Comisión anticiparon que se denunciará ante la justicia al
defensor oficial Oscar Rombola por incumplimiento de deberes de funcionario
público y a Nievas Woodgate por mal desempeño de sus funciones.
En el informe se
diferenció la responsabilidad judicial, la política y la policial, por lo que
la Comisión recomendó a Scioli que también exonere al Director General de la
Policía Científica, comisario general Pablo Vázquez; al entonces
Superintendente de Seguridad Oeste, comisario general Sergio Bianchi.
Pidió, además, la
exhoneración del jefe de la DDI La Matanza comisario mayor Marcelo Cheabriau y
al director general de Investigaciones en Función Judicial, comisario general
Roberto Castronuovo, entre un listado extenso de policías.
En el dictamen, se
denunciaron serias “irregularidades, negligencia, complicidad” y se resolvió
elevar el informe a la justicia federal por entender que el homicidio de
Candela “se trató de un secuestro vinculado al narcotráfico” por lo que no debe
seguir en la órbita de la justicia ordinaria.
Para el informe se
evaluaron más de 2.000 fojas de información extrajudicial, 18.600 que están
incorporadas en la causa y se tomaron 55 testimonios, informó el senador
Ruesga.
También detalló que la
Comisión trabajó cinco meses “porque era indispensable reconstruir el trayecto
de la investigación” porque el expediente judicial “es caótico en su
organización y está plagado de irregularidades”.
Candela, de once años,
fue vista con vida por última vez el lunes 22 de agosto de 2011, cuando
esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que
pertenecía, y el 31 de agosto apareció asfixiada dentro de una bolsa, a 30
cuadras de su casa.
Por el caso,
estuvieron detenidos Héctor “Topo” Moreyra (44), Hugo Bermúdez (53), Leonardo
Jara (34), Guillermo López (31), Fabián Gómez (42), Alberto Espínola (31),
Néstor Altamirano (55) y Gladys Cabrera (42).
A Moreyra se lo
acusaba de haber contratado al resto de la banda para vengarse del padre de
Candela, a Bermúdez de haber matado a la chica mediante asfixia, a Jara de
haberla capturado haciéndose “el novio”, a Gómez y Espínola de dar “apoyo
logístico” y a Cabrera y Altamirano de haber “cuidado” a la chica.
En abril, la sala III
de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón decretó la nulidad parcial del
proceso, ordenó liberar a todos los detenidos y apartó al juez Meade.
Luego fue separado el
fiscal Tavolaro y su reemplazante, Mario Ferrario, separó a la Policía
bonaerense de la investigación.
Télam
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